LA CUNA. SER MADRE ESTUDIANTE SERÁ IMPOSIBLE CON LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA
Se tienen referencias que la actual cuna tiene sus orígenes en 1987 cuando trabajadores no docentes la improvisaron en una de sus casas, pero que luego se consiguió que la universidad asumiera su financiamiento y administración, tal como la conocemos hoy.
De ese tiempo a hoy ha pasado mucho, sin embargo, el derecho a la cuna se ha convertido en un vía crucis para muchos molineros. Pasa regularmente que las vacantes no son suficientes y las que existen se obtienen por favores. Hemos acogido varias denuncias al respecto pero, aunque la corrupción es un problema, lo más importante es contar con mayor presupuesto para aumentar las vacantes, el número de personal, la mejora de las instalaciones, así como para sacarla del despiadado sistema de generación de Recursos Directamente Recaudados que atrofia los fines de la cuna.
Debemos entender que la cuna es un instrumento para garantizar tanto el derecho fundamental al trabajo de empleados y docentes (que de otro modo tendrían que renunciar), así como el derecho fundamental a la educación de los estudiantes (que tendrían que dejar la universidad).
Por ello, es necesario luchar por mayor presupuesto, así como entender que esta lucha no puede ser ajena a la actual coyuntura. La nueva Ley 30220 plantea que cada universidad brinda el Bienestar Universitario “en la medida de sus posibilidades y cuando el caso lo amerite”, y que “atienden con preferencia la necesidad de libros, materiales de estudio y otros…” (Artículo 126). Es decir, contrapone la necesidad académica con la necesidad de alimentos, salud, etc., para que finalmente digamos que “como venimos a estudiar, tenemos que priorizar lo académico por sobre lo demás.”
Concluimos entonces que el derecho a la cuna no puede desligarse de la actual coyuntura, y que esta exige la derogatoria de la actual Ley la cual no pretende garantizar nuestro derecho fundamental a la educación ni asumir las necesidades derivadas de esta, sino más bien convertirla en fuente de lucro. Es decir, barrer derechos fundamentales y los principios democráticos de la universidad pública.
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