La actual ley universitaria se da en un contexto económico mundial y nacional específico. Si bien la crisis económica mundial ha terminado, la recuperación de nuestra economía es lenta. Para salir de ello, el estado y el gobierno vienen implementando una serie de paquetes económicos que no buscan más que aumentar la tasa de ganancias de las clases dominantes a costa de la depredación de los recursos naturales y el cercenamiento de derechos fundamentales.
En el campo universitario, la Ley 30220 profundiza la privatización no solo de la universidad pública sino del sistema universitario. Así, es un instrumento para desenvolver un plan económico que permitirá concentrar mayores capitales en quienes desde los 90 han venido lucrando con la educación. Pero como saben que tales medidas harán que los estudiantes reaccionen, incorpora un plan político de represión.
Ante ello ¿Qué planteamos? Pues seguir desenmascarando la Ley y participar en las asambleas estatutarias para en lo posible neutralizar sus artículos más dañinos. Pero como cada lucha local requiere contar condiciones nacionales favorables, conformar un frente nacional que luche por la derogatoria, la defensa de la universidad y sus principios democráticos.
Fundamentos para la derogatoria
La nueva ley mutila los principios democráticos conquistados por la reforma universitaria de 1920. Esto es:
Viola la autonomía porque sujeta a la universidad a los gobiernos de turno vía la superintendencia (art. 12), además que permite el ingreso de la PNP.
Atenta contra la libertad de cátedra y la libre expresión de los docentes y estudiantes al plantear que estos deben obedecer al “principio de autoridad” (art. 99), además que propicia la persecución de estudiantes al buscar sancionarlos y expulsarlos por el simple hecho de desaprobar un solo curso (art. 99 y 101) o incurrir en “difamación”.
Niega las legítimas conquistas que se puedan lograr en la universidad al decir que “son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades… adopten sometidos a actos de violencia física o moral” (art. 10.1).
Profundiza la privatización de la educación porque ratifica el lucro, tanto por defender la existencia de las universidades con fines de lucro, como por mantener los Recursos Directamente Recaudados (art. 110). Pero también mediante el establecimiento de los llamados convenios público privados (art. 49, 51, 116.4), que no son más que mecanismos para poner la infraestructura de la universidad y el dinero público al servicio de las privadas. Esto ya viene dándose (la agraria mantiene convenios con la USIL) y se expresó con mayor claridad con el alquiler de salones a la USIL).
El cuento de la calidad, la lucha contra la corrupción y el voto universal
Sobre la calidad, concluimos que esta depende fundamentalmente de mayor presupuesto, cuestión que en ninguna parte se menciona (6% del PBI según el Acuerdo Nacional). Sin embargo, ni con mayor presupuesto estaríamos a favor de la acreditación porque en primer lugar es un instrumento para sujetarnos a políticas externas. Pero también porque, si bien era un instrumento para barrer con las universidades “chicha”, apuntaba (y apunta aun. Leer art. 30) más a eliminar facultades y universidades públicas ¿A dónde iban a parar estos estudiantes sin universidad, a la U Pacífico o Católica? Pues sin dudas a las con fines de lucro tipo Cesar Vallejo y Alas Peruanas.
Sobre la corrupción partimos de que es un fenómeno inherente al sistema, de ahí que centrar en su lucha es atacar las consecuencias y no las causas que la genera. Aun así, la actual ley no lucha sino más bien refuerza la corrupción. Por ejemplo mediante la Comisión Permanente de Fiscalización quien tiene la atribución de “guardar confidencialidad bajo responsabilidad” (art. 77). Pero principalmente porque mantiene el requisito de antigüedad para poder ser autoridad, protegiendo así las actuales mafias.
Finalmente, el voto universal no es más que una maquillada forma de mantener los privilegios de las mafias de docentes, quienes, como en los inicios del capitalismo donde los votos de la clase dominante valían el doble del de un ciudadano cualquiera, hoy el de estos pesa el triple que el de los estudiantes, negándose así que seamos ciudadanos con iguales derechos y deberes, sino de segunda categoría. Ni qué decir de los trabajadores a quienes no se les reconoce como estamento.
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