Un contrato social manchado por el fraude y el escaso respaldo popular es lo que Martha Chávez y los beneficiados del fujimorismo esgrimen como algo “intocable” y poco menos que “sagrado”.
Tomado del semanario “Hildebrandt en sus
trece”. 05 de agosto de 2011. Año 02, Nº 67.
Después del espectáculo internacional que Martha Chávez ofreció durante 45 minutos el pasado 28 de julio nadie puede dudar de que el fujimorismo sigue siendo a la democracia lo que Blanca Nelida Colan fue a la justicia. En resumen, la actuación de Martha Chávez no fue sino la enésima parte de una saga cinematográfica de clase B que se inició con el golpe de estado de abril del 92, continuó con la farsa de un Congreso constituyente Democrático (CCD) que expulsó por cesárea la Constitución de 1993 y terminó con su líder condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Hagamos memoria, el ejercicio que más ronchas saca a los defensores del fujimorato, y recordemos en qué condiciones se redactó la constitución de 1993, quienes fueron sus padres y qué apoyo tuvo de la población la carta que debería representar los intereses del Perú.
De arranque es imprescindible señalar que cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado en abril del 92, entre sus planes no estaba redactar una nueva constitución. Tampoco volver a llamar a las urnas para recobrar el orden democrático. Su plan era gobernar a decretazo limpio. Para concretar sus planes dictatoriales, nada más asumir la presidencia, comenzó una feroz campaña mediática para demoler el Congreso. Su excusa fue que no lo dejaban gobernar. Sin embargo, hoy ningún analista político serio puede decir que aquel Congreso (1990-1992) fue un obstáculo para implementar el fujishock con el que el Ejecutivo esperaba sacar al país de la crisis heredada del primer alanismo. Tanto así que nada más asumir el gobierno, el Congreso otorgó al ejecutivo fujimorista 120 días para legislar en materia económica, lucha contra el terrorismo y reformas sociales. Prueba de que el Congreso quería facilitar el trabajo del ejecutivo es que casi todas las medidas fueron aprobadas a pesar de que muchas de ellas atentaban contra la Constitución vigente en ese momento.
Pero el golpe estaba decidido. Y cuando Fujimori se atrevió a darlo, la condena internacional fue unánime. Comenzaron a soplar los vientos de sanciones económicas que afectarían principalmente a los programas de ayuda social. Es decir, Alberto Fujimori vería cerrado el caño del financiamiento de los programas que le daban a poyo popular que tanto necesitaba para justificar su autoritarismo. Finalmente en mayo del 92 y con la presión de la OEA, Fujimori aceptó en las Bahamas convocar a un Congreso constituyente Democrático que redactaría una nueva Constitución y restablecería ciertas normas de convivencia civilizada.
Las elecciones para elegir a los 80 constituyentes se programaron para el 12 de agosto, cuatro meses después del golpe y en ellas solo participaron el PPC –la oposición que Fujimori necesitaba como coartada-, el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), conformado gracias a la angurria ingenua de Henry Pease y Gloria Helfer, y los partidos oficialistas: Cambio 90, Nueva Mayoría y Renovación.
Con las elecciones del CCD llegó la primera denuncia. Juan Chávez Molina, entonces miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y hoy personaje clave para desentrañar la podredumbre que merodeó el proceso de la Asamblea Constituyente, denunció que no se habían contabilizado los votos del exterior. Chávez dijo que, si bien la Constituyente era un hecho, si aquellos votos se hubieran contabilizado, la mesa directiva del CCD no habría caído en manos de Jaime Yoshiyama, Carlos Torres y Torres Lara, Rafael Rey y Víctor Joy Way. Una mesa directiva digna de Alberto Fujimori pero no de una Constitución.
La Constitución salió adelante bajo una cruzada mediática típicamente fujimorista: a la nueva Carta Magna solo se oponían aquellos que buscaban desestabilizar el país, es decir, los terroristas. Bajo esa presión, fueron llamados a votar once millones seiscientos veinte mil ochocientos veinte peruanos. El referéndum se realizó el 31 de Octubre de 1993 y a Alberto Fujimori no le cabían dudas de que la consulta sería un éxito. Sin embargo, frente al pronóstico de las encuestadoras, que habían adelantado que el referéndum saldría adelante con una aplastante victoria del “Sí”, el “No” se impuso, de lejos, en 14 regiones. Ni los votos limeños, encargados como casi siempre de hacer realidad los sueños conservadores, fueron suficientes para “el triunfo arrollador” que el fujimorismo aguardaba. Para su vergüenza, tuvo que recurrir a las actas, las tachas y los recuentos más oscuros.
Una vez más el testimonio del vocal de JNE, Juan Chávez (entrevista Caretas año 2000) es clave para aclarar los enjuagues fujimoristas en el conteo final. “Se decía que estaban empatados y que había una pequeña diferencia a favor del “Si”. Pero llegó un momento en que era evidente que en tales o cuales sectores el “No” ganaba y comenzaron a perderse las actas”. (…) Chávez narró con lujo de detalles como desaparecieron las actas de Puno, de Ayacucho, parte de las de Trujillo y muchas de Arequipa. Con la intención de parar lo que evidentemente era un fraude grosero, Chávez recordó para Caretas que tuvo que hacer uso de una ley que le permitía exigir los resultados de las actas que guardaba el Jurado Departamental. Así pidió los resultados de Arequipa. El fax que recibió de puño y letra del presidente del Jurado Departamental arequipeño le daba la victoria al “No”. El problema es que el fax contenía un encabezado que decía: “Con admiración y respeto a Juan Chávez”. Como era evidente que la frase iba a significar la invalidación del resultado, Chávez pidió otro fax. En esta ocasión el documento lo recibió el vocal Loli Márquez. Increíblemente en este segundo documento Arequipa le daba la victoria al “Si”. Más cochinada ni en un basurero.
Así describió Chávez Molina aquel histórico momento: “Cuando observé el fax, me percaté de que este tenía las cifras escritas con máquina de escribir sobre liquid paper. Loli se excusó diciendo que la alteración había sido hecha en Arequipa. ¡Como si el liquid paper pasara, con textura y todo, por el fax! Ilusamente el honorable magistrado exigió la presencia del Ministerio Publico para dar fe del fraude perpetrado.
Evidentemente nadie de esta institución, manoseada por Fujimori, hizo acto de presencia. Más bien semanas más tarde El Peruano, interpretando su mejor papel, saco en portada la cara de Juan Chávez Molina al costado de la de Abimael Guzmán bajo el titular: Olvidemos sus rostros.
Hoy en día, con los datos oficiales en la mano, sabemos que la primera vez que se hizo público que en el referéndum había ganado el “Si” fujimorista fue en diciembre del 93, en El Peruano y con formato de aviso publicitario privado sin firma ni sello. Sabemos también que en aquel referéndum desaparecieron varios miles de actas. Y lo que es peor, la aprobación real del nuevo contrato social de 1993 llegó tan solo al 33.5% de los electores. Y es que, les guste o no a aquellos que no quieren que se toque la Constitución del 93, el referéndum de la Carta magna tuvo un ausentismo del 29.6% y un 10 % de votos blancos y viciados. Y la diferencia, oficial y mentirosa, entre el “No” y el “Si” apenas alcanzó 350 mil votos. Esa es la historia de lo que Alberto Borea llama, con legítimo desdén, “el documento” de 1993. De modo que podemos decir que el “modelo” actual nació de unas elecciones hechas con el país secuestrado y un recuento de votos vergonzoso. El carácter “sacro” de la Constitución de 1993 es una broma. Lo que no da risa es que esperpentos como Martha Chávez nos avergüencen esgrimiéndola y chillando.
Tomado del semanario “Hildebrandt en sus
trece”. 05 de agosto de 2011. Año 02, Nº 67.
Después del espectáculo internacional que Martha Chávez ofreció durante 45 minutos el pasado 28 de julio nadie puede dudar de que el fujimorismo sigue siendo a la democracia lo que Blanca Nelida Colan fue a la justicia. En resumen, la actuación de Martha Chávez no fue sino la enésima parte de una saga cinematográfica de clase B que se inició con el golpe de estado de abril del 92, continuó con la farsa de un Congreso constituyente Democrático (CCD) que expulsó por cesárea la Constitución de 1993 y terminó con su líder condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Hagamos memoria, el ejercicio que más ronchas saca a los defensores del fujimorato, y recordemos en qué condiciones se redactó la constitución de 1993, quienes fueron sus padres y qué apoyo tuvo de la población la carta que debería representar los intereses del Perú.
De arranque es imprescindible señalar que cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado en abril del 92, entre sus planes no estaba redactar una nueva constitución. Tampoco volver a llamar a las urnas para recobrar el orden democrático. Su plan era gobernar a decretazo limpio. Para concretar sus planes dictatoriales, nada más asumir la presidencia, comenzó una feroz campaña mediática para demoler el Congreso. Su excusa fue que no lo dejaban gobernar. Sin embargo, hoy ningún analista político serio puede decir que aquel Congreso (1990-1992) fue un obstáculo para implementar el fujishock con el que el Ejecutivo esperaba sacar al país de la crisis heredada del primer alanismo. Tanto así que nada más asumir el gobierno, el Congreso otorgó al ejecutivo fujimorista 120 días para legislar en materia económica, lucha contra el terrorismo y reformas sociales. Prueba de que el Congreso quería facilitar el trabajo del ejecutivo es que casi todas las medidas fueron aprobadas a pesar de que muchas de ellas atentaban contra la Constitución vigente en ese momento.
Pero el golpe estaba decidido. Y cuando Fujimori se atrevió a darlo, la condena internacional fue unánime. Comenzaron a soplar los vientos de sanciones económicas que afectarían principalmente a los programas de ayuda social. Es decir, Alberto Fujimori vería cerrado el caño del financiamiento de los programas que le daban a poyo popular que tanto necesitaba para justificar su autoritarismo. Finalmente en mayo del 92 y con la presión de la OEA, Fujimori aceptó en las Bahamas convocar a un Congreso constituyente Democrático que redactaría una nueva Constitución y restablecería ciertas normas de convivencia civilizada.
Las elecciones para elegir a los 80 constituyentes se programaron para el 12 de agosto, cuatro meses después del golpe y en ellas solo participaron el PPC –la oposición que Fujimori necesitaba como coartada-, el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), conformado gracias a la angurria ingenua de Henry Pease y Gloria Helfer, y los partidos oficialistas: Cambio 90, Nueva Mayoría y Renovación.
Con las elecciones del CCD llegó la primera denuncia. Juan Chávez Molina, entonces miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y hoy personaje clave para desentrañar la podredumbre que merodeó el proceso de la Asamblea Constituyente, denunció que no se habían contabilizado los votos del exterior. Chávez dijo que, si bien la Constituyente era un hecho, si aquellos votos se hubieran contabilizado, la mesa directiva del CCD no habría caído en manos de Jaime Yoshiyama, Carlos Torres y Torres Lara, Rafael Rey y Víctor Joy Way. Una mesa directiva digna de Alberto Fujimori pero no de una Constitución.
La Constitución salió adelante bajo una cruzada mediática típicamente fujimorista: a la nueva Carta Magna solo se oponían aquellos que buscaban desestabilizar el país, es decir, los terroristas. Bajo esa presión, fueron llamados a votar once millones seiscientos veinte mil ochocientos veinte peruanos. El referéndum se realizó el 31 de Octubre de 1993 y a Alberto Fujimori no le cabían dudas de que la consulta sería un éxito. Sin embargo, frente al pronóstico de las encuestadoras, que habían adelantado que el referéndum saldría adelante con una aplastante victoria del “Sí”, el “No” se impuso, de lejos, en 14 regiones. Ni los votos limeños, encargados como casi siempre de hacer realidad los sueños conservadores, fueron suficientes para “el triunfo arrollador” que el fujimorismo aguardaba. Para su vergüenza, tuvo que recurrir a las actas, las tachas y los recuentos más oscuros.
Una vez más el testimonio del vocal de JNE, Juan Chávez (entrevista Caretas año 2000) es clave para aclarar los enjuagues fujimoristas en el conteo final. “Se decía que estaban empatados y que había una pequeña diferencia a favor del “Si”. Pero llegó un momento en que era evidente que en tales o cuales sectores el “No” ganaba y comenzaron a perderse las actas”. (…) Chávez narró con lujo de detalles como desaparecieron las actas de Puno, de Ayacucho, parte de las de Trujillo y muchas de Arequipa. Con la intención de parar lo que evidentemente era un fraude grosero, Chávez recordó para Caretas que tuvo que hacer uso de una ley que le permitía exigir los resultados de las actas que guardaba el Jurado Departamental. Así pidió los resultados de Arequipa. El fax que recibió de puño y letra del presidente del Jurado Departamental arequipeño le daba la victoria al “No”. El problema es que el fax contenía un encabezado que decía: “Con admiración y respeto a Juan Chávez”. Como era evidente que la frase iba a significar la invalidación del resultado, Chávez pidió otro fax. En esta ocasión el documento lo recibió el vocal Loli Márquez. Increíblemente en este segundo documento Arequipa le daba la victoria al “Si”. Más cochinada ni en un basurero.
Así describió Chávez Molina aquel histórico momento: “Cuando observé el fax, me percaté de que este tenía las cifras escritas con máquina de escribir sobre liquid paper. Loli se excusó diciendo que la alteración había sido hecha en Arequipa. ¡Como si el liquid paper pasara, con textura y todo, por el fax! Ilusamente el honorable magistrado exigió la presencia del Ministerio Publico para dar fe del fraude perpetrado.
Evidentemente nadie de esta institución, manoseada por Fujimori, hizo acto de presencia. Más bien semanas más tarde El Peruano, interpretando su mejor papel, saco en portada la cara de Juan Chávez Molina al costado de la de Abimael Guzmán bajo el titular: Olvidemos sus rostros.
Hoy en día, con los datos oficiales en la mano, sabemos que la primera vez que se hizo público que en el referéndum había ganado el “Si” fujimorista fue en diciembre del 93, en El Peruano y con formato de aviso publicitario privado sin firma ni sello. Sabemos también que en aquel referéndum desaparecieron varios miles de actas. Y lo que es peor, la aprobación real del nuevo contrato social de 1993 llegó tan solo al 33.5% de los electores. Y es que, les guste o no a aquellos que no quieren que se toque la Constitución del 93, el referéndum de la Carta magna tuvo un ausentismo del 29.6% y un 10 % de votos blancos y viciados. Y la diferencia, oficial y mentirosa, entre el “No” y el “Si” apenas alcanzó 350 mil votos. Esa es la historia de lo que Alberto Borea llama, con legítimo desdén, “el documento” de 1993. De modo que podemos decir que el “modelo” actual nació de unas elecciones hechas con el país secuestrado y un recuento de votos vergonzoso. El carácter “sacro” de la Constitución de 1993 es una broma. Lo que no da risa es que esperpentos como Martha Chávez nos avergüencen esgrimiéndola y chillando.
